El gobierno ha promulgado el DL 1578 estableciendo penas de prisión hasta por 30 años en los casos graves, para el que robe un celular. Pretende así hacer frente a la ola delincuencial que nos desborda.

Esta medida es populista y demagógica, deja de lado principios básicos del derecho penal y penitenciario. Plantea que el aumento de pena disuade del robo y rompe criterios de proporcionalidad de la pena, pues el robo se sanciona más drásticamente que el asesinato con carcelería máxima de 20 años.

En el Perú se roba 4,754 celulares por día, lo que significa más de un millón al año. Penas de esta magnitud solo nos llevarán a multiplicar los presos. El INPE señala que la población penal bordea los 95 mil, rebasando la capacidad de nuestros penales. Solo lograríamos aumentar la carga procesal desbordando aún más al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía.

Si aumentando penas desaparecieran delitos y delincuentes, bastaría imponer la pena de muerte y se evitaría la comisión delitos. No se conoce de tal maravilla en ningún lugar del mundo.

Un mecanismo para disminuir el robo es bloquearlos y las empresas prestadoras del servicio de telefonía celular pueden, técnicamente, hacerlo cada vez que estos equipos son reportados como robados.

Tanto la policía como los ciudadanos conocemos los lugares donde se vende objetos robados: “La Cachina”, “Malvinas”, “San Jacinto”, entre otros en Lima así como en ciudades de provincias. No se puede pretender tapar el sol.

Es posible que las empresas prestadoras de servicios cobren el servicio de bloqueo, pero este costo sería mínimo frente a los gastos que debe asumir el Estado para detener, procesar y mantener en prisión a los condenados por robos de celulares.

El Estado debe exigir compromiso de parte de las empresas de telefonía y no plantear soluciones inviables y demagógicas.