En construcción permanente el Estado peruano se plantea, según la Constitución, como una República que se basa en los principios liberales de libertad, igualdad y fraternidad, para alcanzar el bienestar general de sus ciudadanos con criterios de justicia, desarrollo integral y equilibrado de la nación (Arts. 43, 44 CPP).

La vigencia de tales principios requiere mecanismos reales para evitar la corrupción y el abuso del poder. Por ello la realización de elecciones generales, la pluralidad y alternancia así como la división y equilibrio de poderes con controles mutuos y fiscalización

Con el autogolpe del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, construyeron una alianza con los sectores más conservadores y algunos mandos militares llevando a la desestructuración y debilitamiento del Estado. Asi dieron paso a uno de los gobiernos más corruptos del siglo XX, en todo el mundo. Diversas estimaciones hablan de un saqueo de alrededor de 4,000 millones de dólares, lo que necesitó de un gobierno altamente represivo además de enfrentar la ofensiva terrorista de Sendero Luminoso.

Durante sucesivas elecciones, la manifestación ciudadana del voto ha optado por elegir gobiernos que ofrecen un cambio en la política económica y social hacia los sectores más desfavorecidos y marginados, aunque hayan terminado en gobiernos consolidando la desigualdad y la injusticia.

El temor de los sectores dominantes ante la posible elección de un gobierno verdaderamente transformador, los hace trabajar por debilitar el Estado y su institucionalidad incipiente, así como la división de poderes, desde el Congreso y el propio Ejecutivo. Por eso las normas promulgadas que buscan controlar el sistema nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y, ahora, los organismos electorales, con el claro objetivo de asegurarse el control y resultado de las elecciones electorales, sean éstas el 2026 o antes.

La debilidad estatal de 1992 abrió paso a la gran corrupción. Este 2023 pretenden debilitarlo aún más dando paso a un gobierno dictatorial y represivo, que sofoque las movilizaciones democráticas desde las bases populares. La última declaración de la Presidenta Dina Boluarte, a raíz de las nuevas movilizaciones que se anuncian, lo dice claramente: ¿” cuántas muertes más quieren?”.


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