La exfiscal inhabilitada por Rolando Sousa (OPINIÓN)

El miércoles pasado el pleno del Congreso aprobó la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública a la  exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por  suspender las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, en diversos casos de corrupción como: Petroperú, Puente Tarata y ascensos en la  PNP y FF. AA.

Ávalos explicó que suspendió las investigaciones debido a la protección que el artículo 117 de la Constitución da al presidente de la República, señalando además que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en defensa de sus derechos.

Previamente Avalos, debe cumplir con agotar los recursos internos, si es que insiste en poner al Perú como un Estado violador de derechos fundamentales (derecho al debido proceso). De conformidad a lo señalado por la Convención en el párrafo 2 del artículo 46, las comunicaciones individuales quedan exentas de cumplir la regla mencionada en los siguientes supuestos: a) que en la legislación interna del Estado no exista el debido proceso legal para la protección del derechos; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o se le haya impedido agotarlos; c) que haya retardo injustificado en la decisión. Supuestos que no se dan en el caso peruano.

El proceso de Acusación Constitucional está debidamente regulado por los artículos 99 y 100 de la Constitución y el artículo 89 del Reglamento de Congreso, normas que garantizan el debido proceso en sede parlamentaria, Avalos deberá demostrar en qué etapa del proceso se han vulnerado sus derechos.

En aplicación del principio de unidad de la Constitución como un bloque  sistemáticamente estructurado, vemos que la Constitución brinda una protección especial a la institución Presidencia  de la República, pero también  protección a la misma Constitución, las leyes y la democracia

Si Avalos interpreta el artículo 117 de la Constitución para claudicar de sus funciones, los congresistas deben ejercer control político aplicando la Constitución para luchar contra la corrupción y resguardando la democracia, tal como ha ocurrido esta semana.