Desde el 7 de diciembre del 2022 frente al intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, el Congreso aprobó la vacancia presidencial nombrando a Dina Boluarte como la nueva mandataria del país, en un claro “golpe de Estado blanco” conservador y autoritario.

Sectores populares principalmente campesinos históricamente excluidos se movilizaron a lo largo del país, especialmente en el sur del Perú. Fueron reprimidos brutalmente por el gobierno, que manifestó conductas racistas, sustento del centralismo social y político que vivimos día a día en el país.

Los informes de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, de mayo del 2023, coinciden en el uso excesivo e ilegal de armas de fuego contra las movilizaciones.

Es necesario implementar sus recomendaciones, a partir del reconocimiento y respeto de las diferentes posiciones, iniciando un diálogo en busca de acuerdos y soluciones.

Tomando la metodología que sugiere Aníbal Sierralta Ríos en “Negociación: Arte y Método”, el gobierno de Dina Boluarte debería empezar por pedir disculpas a los movilizados y a Puno en particular.

Es preciso debatir sobre la discriminación social que sustentan las demandas de “renuncia Dina”, “cierre del Congreso”, “adelanto de elecciones y “nueva Constitución”, expresadas tan claramente cuando se entona “esta democracia ya no es democracia…”.

Los debates podrían ser organizados por la Universidades Nacional del Altiplano, Nacional de Juliaca y/o colegios profesionales, así como organizaciones populares.

Para estos debates a darse en lugares neutrales, es necesario garantizar que declaraciones y opiniones no serán utilizadas para perseguir, menos sancionar a quienes las emitan. Se debe respetar el derecho de pensamiento y representación.