La violencia delincuencial avanza. El 15 de setiembre detonó una granada en la discoteca Xanders, San Juan de Lurigancho, por extorsionar a un grupo de cumbia con 30 mil soles. Resultaron 10 heridos graves.

En este mismo distrito han ocurrido 32 asesinatos por sicarios, de enero a julio, en Ate 29, en San Martín de Porres 15. En toda Lima Metropolitana van 186.

El accionar de bandas criminales, que veíamos lejanas en países centroamericanos como El Salvador, México o en Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil, está creciendo en nuestro país. Antes en Tumbes, Piura, Trujillo y el Callao. Ahora ya están en distritos populares de Lima.

La presencia del crimen organizado, vinculado al narcotráfico, minería ilegal, trata de blancas, contrabando o lavado de activos, se incrementó por errores políticos ya que pretendiendo aislar al gobierno venezolano de Maduro, el impulso al llamado “Grupo de Lima”, durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, abrió las puertas a migrantes venezolanos sin control efectivo y, ahora, tenemos alrededor de un millón y medio en el país.

Sectores políticos conservadores, exigen represión empleando a las Fuerzas Armadas y a la Policía y autorizando el uso de armas de fuego contra quienes se movilizan en protestas político sociales. Acaso ¿ignoran que el modelo individualista que desarrollan busca debilitar la solidaridad y las organizaciones sociales, impulsando así elementos que impulsan esta delincuencia?

Para combatir al crimen organizado se necesita avanzar en eliminar las organizaciones criminales infiltradas en la política, que el Congreso, Poder Ejecutivo, Judicial, FF.AA. y PNP, cesen en sus intentos de destruir la institucionalidad democrática y que fortalezcamos la organización vecinal y la solidaridad colectiva, democráticamente.