Ministerio Público en Arequipa realizó 800 intervenciones en el estado de emergencia

El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Ciro Alejo Manzano, informó que desde que se decretó el estado de emergencia por inseguridad en la provincia, se han llevado a cabo un total de 800 intervenciones en la ciudad de Arequipa, de las cuales 300 han resultado en la detención de personas requisitoriadas. Este trabajo se hizo en colaboración con la Policía y fiscales de prevención del delito.

Entre las intervenciones destacadas, se encuentra la desarticulación de una banda compuesta por 18 personas dedicadas al robo de viviendas. Según Manzano, esta acción ha representado un “duro golpe a la criminalidad”, aunque reconoce que aún queda trabajo por hacer para abordar plenamente el problema de la inseguridad en la región.

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En cuanto a la situación de los requisitoriados, se ha observado un número significativo de extranjeros entre los individuos identificados y puestos a disposición del poder judicial.

En relación con las investigaciones de casos de sicariato y otras actividades criminales, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa indicó que se debe intensificar las pesquisas contra las bandas criminales y ha enfatizado la necesidad de evaluar la posibilidad de ampliar el personal fiscal y mejorar los procesos en colaboración con las autoridades pertinentes.

Manzano también ha señalado el desafío que enfrenta el Ministerio Público de la región debido a los recursos humanos limitados. Según sus declaraciones, se necesitarían al menos 200 trabajadores adicionales para cumplir adecuadamente con las funciones del Ministerio Público en Arequipa y sus provincias.

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“El personal en el Ministerio Público no es suficiente. Hemos pedido el incremento de personal a través de la jefa de Potencial Humano. En Arequipa, tenemos 600 trabajadores administrativos para todo el distrito fiscal. Se debería tener por lo menos 200 personas más”, dijo.

Respecto a la posible ampliación del estado de emergencia, el fiscal superior ha indicado que esta decisión debe ser evaluada a nivel de autoridades competentes, teniendo en cuenta la situación actual de seguridad en la región.

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