El atentado contra la vida del alcalde de Comas (Lima), Ulises Villegas, y el asesinato del teniente gobernador de Sarita Colonia (Callao), Daniel Ramos, en las últimas horas, evidencian un preocupante aumento en la escalada de amenazas y agresiones por parte de grupos delictivos, que ahora incluso tienen en la mira a las autoridades locales.
Las cifras oficiales revelan una realidad alarmante: más de 240 personas con cargos públicos fueron amenazadas el año pasado. Sin embargo, la reacción del Gobierno ante estas situaciones parece limitarse a investigaciones y operativos posteriores a los hechos de violencia. Las preguntas que surgen son inevitables: ¿por qué no se toman medidas preventivas antes de que ocurran hechos violentos como estos? ¿Por qué la falta de soluciones efectivas para detener esta ola de criminalidad que amenaza la seguridad de todos los ciudadanos?
La sensación de inseguridad se intensifica día a día, mientras el Gobierno permanece paralizado y sin respuestas contundentes. Los alcaldes, en primera línea de fuego, experimentan en carne propia la violencia que azota a sus comunidades. Si no se toman medidas urgentes, es muy probable que la violencia contra las autoridades se vuelva aún más incontrolable.
El desafío que enfrenta el Gobierno es claro: adoptar medidas concretas y efectivas para poner fin a esta espiral de violencia que afecta a la población en su conjunto. Ya no es tiempo para discursos vacíos ni para palabras sin acción.
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