El congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, tiene 11 investigaciones pendientes contra colegas suyos denunciados por infringir el código parlamentario.

Todos son casos que debieron concluir el año pasado, lo que no se consiguió por falta de tiempo. Algunos llegaron a etapas de audiencias y otros quedaron en fases preliminares, en las que se busca determinar si procede o no el inicio de una indagación.

La tarea pendiente de Bazán será el poner en agenda cada una de las denuncias, recobrar la credibilidad y autonomía, y que se imponga ante cualquier negociación política, pues, como hemos visto en los últimos años, se ha intentado blindar a ciertos legisladores.

Casos.

El primer congresista que tiene un caso pendiente es José Arriola (no agrupado). A él se le investiga por el supuesto recorte salarial a sus trabajadores. El pasado 2 de octubre Ética determinó, con nueve votos a favor y cuatro abstenciones, que sea investigado.

Cuando se allanó su vivienda, en marzo pasado, se encontró por escrito la declaración de Carlos Valenzuela, un trabajador congresal, que acreditaba la entrega de 1 323 soles bajo la justificación de apoyo social.

En esta relación también se encuentra Nelcy Heidinger. El 18 de setiembre la comisión aprobó denunciar a la congresista de Alianza para el Progreso (APP) por tener un asesor no registrado en la planilla de su personal. Se trata de Juan Yépez, un aparente trabajador “fantasma”.

Fue el programa Contracorriente el que reveló que el empleado llevaba la identidad de otra persona en su credencial. Como sabemos, Heidinger llegó al Parlamento en reemplazo del desaforado, e investigado por violación, Freddy Díaz Monago.

En el listado también figura Rosselli Amuruz. A fines de noviembre el citado grupo de trabajo parlamentario desestimó investigar a la legisladora de Avanza País por contratar a personas allegadas a su pareja, el exlegislador Paúl García, y por los viajes al extranjero que realizó en semana de representación.

En su momento, la también tercera vicepresidenta del Congreso negó ser pareja de Paúl García para que estas contrataciones no configuren conflicto de intereses. No obstante, en los últimos días admitió que sí mantienen una relación.

Lo que Ética sí aprobó fue indagarla por -supuestamente- organizar la fiesta de cumpleaños de García, que terminó con un homicidio.

Es importante recordar que el pleno la blindó de una censura presentada por lo mismos hechos e, incluso, por no respetar el luto por la muerte del desparecido legislador Hernando Guerra García.

Informes.

Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) tiene tres denuncias en Ética por faltar el respeto a su colega Patricia Juárez, cuando se refirió a ella con frases sexistas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Fuentes parlamentarias indicaron que tales denuncias ya se acumularon y ahora el caso está próximo a ser calificado en el grupo de trabajo.

La comisión también tiene pendiente evaluar el informe final sobre Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial) por conflicto de intereses. El legislador impulsó una ley sobre pensiones alimenticios que iba a beneficiarlo en un proceso judicial que involucra a su hija.

El 30 de octubre de 2023, la Comisión de Ética aprobó investigar a David Jiménez Heredia (Fuerza Popular) por el presunto delito de peculado. Se conoció que el legislador contrató en su despacho a Ángela Noblejas, una trabajadora del Instituto Franklin Roosevelt, del que es dueño.

En el caso de Edgar Tello (Bloque Magisterial) se espera el informe final por despedir a su asesora Marie Silvia Uriarte, pese a que estaba embarazada, y exigirle parte de su salario.

La trabajadora denunció en varias ocasiones -incluso en este diario- los atropellos que sufría por negarse a entregar parte de su sueldo.

Ella refirió que luego de ese episodio fue hostigada laboralmente y recibió amenazas de extraños.

POR RESOLVER.

Lo que también se encuentra pendiente son los informes finales sobre dos legisladores “mochasueldos”, Jorge Flores Ancachi y Katy Ugarte. En ambos casos, la Comisión volverá a votar los respectivos informes.

Al primero se le iba a sancionar con 120 días tras ser hallado culpable del recorte de sueldos, pero en la votación cuatro legisladores estuvieron a favor y cuatro se abstuvieron.

Sobre Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), la Comisión regresó a Secretaría Técnica el informe que recomienda suspenderla por 30 días por el recorte salarial a sus trabajadores. Se espera una mejor revisión de la denuncia. Fue Esdras Medina, su compañero de bancada, el que planteó el pedido.

De otro lado, el exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, denunció ante la Comisión de Ética a Patricia Chirinos (Avanza País) y Luis Aragón (Acción Popular) por, presuntamente, infringir los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Código de Ética.

Shimabukuro acusó un supuesto abuso de autoridad por parte de Chirinos como presidenta de la Comisión de Defensa, y que Aragón lo calificó de delincuente.

Es importante indicar que, en el pasado, en Ética se blindó a varios legisladores al cambiar sus sanciones por amonestaciones públicas. Muchos esperan que esto no se repita el presente año. A esperar.

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