En el caso de la interrupción del orden constitucional dispuesta por el expresidente Pedro Castillo y su camarilla golpista al mediodía del 7 de diciembre de 2022, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen ante sí una gran oportunidad para demostrarles a los peruanos que sí están en condiciones de llevar a cabo procesos de manera oportuna y eficiente que terminen en sentencias contra peces gordos de la política peruana que han ocasionado un grave daño al país.

Como hemos informado, el control de acusación se llevará a cabo este nueve de mayo como paso previo al inicio del juicio oral contra Castillo, los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez, y tres oficiales de la Policía Nacional que habría ejecutado la ilegal orden de impedir el funcionamiento del Congreso. De esta etapa debería salir la sentencia contra los responsables de la última de las múltiples pateaduras a la Constitución y la democracia de nuestra historia.

Este caso de evidente flagrancia y cometido ante los ojos de todos los peruanos y el mundo entero, debería marcar una gran diferencia con los procesos que afrontan otros exgobernantes o personajes de alto perfil en nuestra política, que por culpa de fiscales endiosados, mediáticos y que no logran formular acusaciones de manera eficiente, no han pasado de prisiones preventivas luego dejadas sin efecto, allanamientos, incautaciones abusivas y demás fuegos artificiales.

Además, es de esperarse que una vez que se dicte la sentencia contra el cabecilla y sus cómplices, que tendría que ser impecable y con todas las garantías que manda la ley, Castillo y sus escuderos dejen de andar diciendo que el profesor no fue el golpista como realmente fue, sino que más bien “víctima” de un golpe de parte del Congreso, como si los legisladores lo hubieran obligado a leer la “proclama” con la que se anunciaba el inicio de un régimen dictatorial.

Ojalá que en los próximos meses ya tengamos una condena, la primera de las tantas que sin duda recibirá el golpista, quizá el mandatario más corrupto de nuestra historia, aparte de inepto, al que diversos testigos acusan de cobrar dinero en efectivo que luego entregaba a sus parientes, a cambio de nombramientos en el aparato estatal. Qué dirán los que apoyaron a este sujeto y lo promocionaban como un “revolucionario”, como un “representante del pueblo”. Pura farsa, pura demagogia, puro engaño a los más pobres.