Este domingo, se reveló que la empresaria Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta del movimiento regional Wari Llaqta, con el cual Wilfredo Oscorima se convirtió en gobernador de Ayacucho, firmó un contrato por S/ 22 millones para una obra cuyo presupuesto fue cedido por el gobierno de Dina Boluarte.
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De acuerdo a un informa de Punto Final, la titular del movimiento regional de Oscorima firmó el millonario contrato el pasado 23 de febrero, en calidad de representante legal del Consorcio Bicentenario I. Este consorcio obtuvo la buena pro para construir un comedor destinado a más de 2.000 deportistas que participarán en los Juegos Bolivarianos 2024, en Ayacucho.
El comedor estará ubicado dentro de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y formará parte de la denominada Villa Bolivariana, que servirá como alojamiento para los deportistas.
La selección del consorcio ganador fue realizada por Legado, el organismo encargado de la infraestructura pública para los Juegos Bolivarianos.
En octubre pasado, la presidenta firmó un decreto legislativo que agilizó las contrataciones de Legado, con el objetivo de que diversas obras públicas estén listas antes de las competencias deportivas, programadas del 6 al 15 de diciembre próximo.
Este decreto permitió cambiar el procedimiento de contratación de licitaciones públicas por la modalidad de adjudicaciones simplificadas, según precisó “Punto Final”. En ese contexto, en enero pasado se lanzó a concurso la construcción del comedor principal para los deportistas.
El Ejecutivo aprobó un desembolso de S/ 100 millones a favor del Gobierno Regional de Ayacucho en marzo pasado, algunos meses después de que Oscorima le “prestara” costosos relojes a Boluarte.
El primer ministro Gustavo Adrianzén calificó la transferencia como una “infeliz coincidencia” realizada luego de los supuestos préstamos.
Por su parte, la presidenta aseveró el viernes pasado que cometió una “equivocación” al aceptar los relojes y afirmó que ya los devolvió a Oscorima. Según su versión, al no ser de su propiedad, no estaba obligada a consignarlos en su declaración de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República.
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